Para el TC la precontratación de 30 minutos “obstaculiza” la actividad de las VTC
El Tribunal Constitucional publicó ayer por la tarde una nota informativa sobre la sentencia en la que terminado por considerar que el tiempo de contratación obligatorio de 30 mínimos previo a la prestación del servicio para los vehículos de alquiler con conductor es contraria a la doctrina de libertad de empresa establecido en el artículo 38 de la Constitución Española.
Los magistrados por unanimidad concluyen que la medida, aunque busque fines constitucionales, “obstaculiza de forma no razonable la actividad de las VTC”. El Pleno del Tribunal ha estimado por lo tanto la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo contra un precepto de un Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears, que imponía una precontratación en un tiempo mínimo de 30 minutos para los servicios de alquiler de vehículos con conductor.
El Supremo, tras la vista que se celebró en enero de 2023, decidió elevar esta cuestión al Constitucional porque consideraba que la exigencia de ese lapso de 30 minutos de precontratación obligatoria podría ser contraria al artículo 38 de la CE. Ese día también se celebró la vista sobre la precontratación que se había establecido en el País Vasco.
El Tribunal Supremo pudo dictar sentencia y declarar nulo el decreto del País Vasco que introducía una precontratación de 30 minutos porque no era una norma con rango de ley. La medida aprobada por el Ejecutivo vasco en 2019 fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tras un recurso presentado por la plataforma Uber. Tanto el Gobierno Vasco, como la Federación Vasca del Taxi y la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) recurrieron en casación al Supremo que en febrero de 2023 rechazó este recurso.
El Alto Tribunal consideró que el hecho de establecer una precontratación mínima de 30 minutos a los servicios de VTC era “excesiva y desproporcionada” y limitaba su acceso al mercado. Además, entendieron desde el Supremo que estas medidas son “incompatibles” con el derecho a la libertad de empresa y no cumplen con los requisitos marcados para establecer restricciones y que aparecen en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).
En el caso de Baleares, y pese a que la vista se celebró inmediatamente después que la del caso vasco, el Supremo tuvo que emitir esta cuestión de inconstitucionalidad al tratarse de una norma con rango de ley.
Medida no adecuada
El Pleno del Constitucional, tras recibir la consulta, ha explicado que tuvo que someter esta limitación a las VTC a un doble escrutinio: por un lado analizaron si el fin perseguido era legítimo; y por otro lado, si la medida para conseguir ese fin era la adecuada.
Los magistrados entienden que el lapso de 30 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio persigue finalidades constitucionalmente legítimas tales como buscar un equilibrio entre el sector del taxi y el de las VTC, así como la mejora de la gestión de los usuarios y la garantía de las condiciones de prestación del servicio.
Sin embargo, esta medida de precontratación de 30 minutos no está justificada ni es adecuada, en tanto que considera que pone a las VTC en una situación de desventaja competitiva y supone una restricción para la actividad de uno de los sujetos que intervienen en el mercado de transporte de viajeros en vehículos de menos de nueve plazas.
En conclusión, indica el tribunal, la medida es contraria al artículo 38 de la CE, en tanto que obstaculiza de forma no razonable la actividad de las VTC.
