La asociación Foro Taxi Libre ha solicitado a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla que regulen la actividad de los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), se forma parecida a como lo hizo el Ayuntamiento de Barcelona, y tal y como propuso también el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
En un escrito remitido tanto al Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López García, como al delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera; Foro Taxi libre solicita que en el ejercicio de sus competencias elaboren una normativa que regule la actividad de las VTC.
Entienden desde Foro Taxi Libre, y así lo han trasladado a La Gaceta del Taxi, que se están cometiendo auténticas “barbaridades” por parte de las plataformas que actúan con vehículos de alquiler con conductor. Por tal motivo, dado que la Junta tiene competencia exclusiva en los servicios de transporte de viajeros que se desarrollan en la Comunidad, y el Ayuntamiento tiene capacidad para ordenar los transportes que circulen por el tramo urbano de Sevilla, piden a la primera que desarrolle un reglamento que regule la actividad y solicitan al Consistorio que, en virtud de ese reglamento, dicte una ordenanza particular.
En el escrito, Foro Taxi Libre aporta una serie de documentación jurídica en la que vendría a demostrar que la concesión de miles de autorizaciones de VTC responde a una “trama orquestada” llevada a cabo por las partes interesadas.
Además, la asociación ha solicitado que se amplíe el área de influencia turística porque entienden que las VTC están circulando por el centro de Sevilla “impunemente” y sin normativa que les regule.
La sentencia del TJUE apoya a los taxistas
La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo del pasado 20 de diciembre, los taxistas consideran que se puede extrapolar perfectamente a los servicios que llevan a cabo las plataformas que trabajan con VTC. “EL TJUE ha dicho que son empresas de transporte y no se puede aplicar la ley de las empresas de intermediación tecnológica”, explican, conscientes de que esta última sentencia es la base de la solicitud para que se regule la actividad y no actúen impunemente al margen de la ley.