Pese a las informaciones que han circulado por diversos medios de comunicación con respecto a la legalidad del decreto Ábalos que regula las VTCs, representantes del sector del taxi con los que ha contactado La Gaceta del Taxi han confirmado que dicho decreto “no está en peligro y se mantiene vigente”, y simplemente el Ministerio de Transportes deberá volver a tramitar los recursos presentados por las empresas de VTCs contra una parte de dicha norma en un plazo de seis meses.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en una sentencia emitida el pasado lunes 27 de septiembre, ha estimado parcialmente un recurso presentado por la empresa Autos Laucar y ha declarado nulo aquellos expedientes que afectaban a la disposición transitoria del mencionado decreto Ábalos. En concreto, esos recursos se presentaban pidiendo una extensión de la moratoria de cuatro años que, a modo de indemnización, otorgó el Ministerio a las empresas de VTCs para poder prestar servicio en ámbito urbano sin autorización local.
La razón por la que el Ministerio deberá volver a estudiar esos expedientes que pedían una extensión de esa moratoria radica en que fueron ejecutados y rechazados por INECO, una empresa a la que se le encargó la externalización de estos procedimientos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) entiende que deberían haber sido ejecutados por el propio Ministerio de Transportes, entidad pública de la que se presume imparcialidad.
Por ese motivo, todos los recursos presentados por empresas de VTCs contra la disposición transitoria del decreto Ábalos deberán ser de nuevo analizados y ejecutados por el Ministerio de Transportes en un plazo de seis meses. Cabe la posibilidad de que la administración recurra esta decisión del TSJM en casación ante el Tribunal Supremo, aunque desde el sector del taxi son favorables, por el momento, a que se acepte la sentencia del tribunal madrileño ya que ese plazo de seis meses máximo para volver a tramitar los recursos no afectaría al fin de la moratoria que está previsto para septiembre de 2022. A partir de esa fecha, recordamos, todas las VTCs que quieran prestar servicio en suelo urbano deberán disponer de una autorización específica para ello.
El decreto Ábalos no se cuestiona
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, ha querido dejar claro a nuestro medio que “el decreto Ábalos se mantiene y no se cuestiona”. “No se anula ni la forma de indemnización, ni la moratoria, ni la incapacidad de realizar recorridos urbanos si no se regula en las Comunidades Autónomas. Solo se anulan los expedientes tramitados por INECO porque el TSJM entiende que no pueden ser externalizados”, explica Sanz.
Con respecto a las intenciones de la parte demandante -la empresa de VTCs-, el también presidente de la Asociación Nacional del Taxi recuerda que todas las pretensiones de plantear la constitucionalidad del decreto Ábalos o si dicho texto va en contra del Tratado de la Unión Europea, “el TSJM no las ha estimado”.
“Ningún juez ha hablado del decreto Ábalos”, afirma Alberto “Tito” Álvarez, coordinador de la organización Taxi Project. “Las VTCs tenían tres meses para pedir una moratoria mayor de los cuatro años a modo de indemnización y el Ministerio, como era un volumen de trabajo muy grande, se sirvió de INECO para tramitar esos expedientes, que casi todos fueron rechazados”, indica Álvarez.
“Ahora cuando comuniquen la sentencia, el Ministerio puede recurrirlo en casación al Supremo o dispone de seis meses para resolver esos expedientes que pedían una extensión de la moratoria”, explica Tito Álvarez, que insiste en que “lo más inteligente es que el Ministerio acepte la resolución y resuelva en seis meses”. Por otro lado, el coordinador de Taxi Project, al igual que Sanz, recuerda que, aunque el juez les haya dado la razón en lo que respecta al procedimiento de los expedientes, no ha estimado su pretensión de elevar al Constitucional y a instancias europeas la legalidad del decreto Ábalos, que sigue intacta./TAMBIÉN ES NOTICIA