El taxi impugnará el reglamento si la CAM decide aprobarlo

Si finalmente la Comunidad de Madrid decide aprobar mediante un decreto el nuevo Reglamento del Taxi, la Federación Profesional del Taxi (FPTM) presentará un recurso contencioso administrativo que se apoyará sobre todo en el informe de la Comisión Jurídica de la CAM, contrario a la aprobación del texto por observarse en él defectos formales.

 

“Tenemos nuestras dudas de que finalmente aprueben por decreto el reglamento”, ha explicado a La Gaceta del Taxi el presidente de FPTM, Julio Sanz. “El informe de la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid es abrumador y tiene muchas lagunas el texto que han mostrado”, explica Sanz, advirtiendo que  “si se atreven a aprobarlo, demostrarán que es un acto de clara venganza”.

 

“En cuanto aprueben ese reglamento, presentaremos un recurso contencioso administrativo y llevaremos a cabo todo tipo de acciones que concluyan en desenmascarar a esta serie de políticos”, ha afirmado el presidente de la FPT, quien tiene claro que el movimiento del reglamento responde “a un acto de clara venganza puesto que no van a recibir apoyo político de los taxistas y buscan dividir al sector y lavar su imagen”.

 

Sanz insiste en que la Comisión Jurídica “les está diciendo que no cumple con los requisitos y que en el texto se han omitido detalles”. Además, el presidente de FPTM advierte de que estarán atentos ante cualquier cambio de estrategia que quiera adoptar la CAM para poder aprobar este reglamento sin seguir los pasos que marca la normativa y sin contar con el periodo pertinente de alegaciones y consultas de las asociaciones. “Si vemos algo raro, demandaremos”.

 

No consensuado con el taxi 

 

Con respecto a las declaraciones vertidas por responsables de la Comunidad de Madrid de que el reglamento responde a un consenso obtenido con el sector del taxi, Julio Sanz, lo niega. “Este reglamento no tiene nada que ver con el texto en el que se venía trabajando y que se fijó a finales de 2016. Han introducido la titularidad jurídica, permite acumular más licencias y establece los precios máximos para los que no ha habido una petición conjunta del sector”, asegura Sanz, que recalca que “solo hay una pequeña parte del sector que estaría a favor del reglamento”.

 

Por último y ante la noticia conocida de que el Partido Popular de Baleares, al contrario que el de Madrid, sí que ha visto conveniente llevar a cabo una regulación de VTC e introducir una precontratación, Sanz ha explicado que  “igual el problema es de las personas y no de los grupos políticos y veremos si se vuelve a demostrar que hay o no puertas giratorias en este asunto”.