El TSJC obliga a revisar la legalidad de casi 700 VTC tras la presión judicial del taxi

La Generalitat de Catalunya ha quedado obligada, por medio de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a iniciar un procedimiento en el que se revise la activación de casi 700 autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC), que pudo llevarse a cabo sin que cumpliesen los requisitos exigidos en la ley. A esta decisión judicial, de “gran importancia para el sector”, se ha llegado tras la insistencia administrativa y judicial de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi).

 

Pero para llegar a esta sentencia que se comunicó a las partes en la tarde de este pasado viernes 24 de enero, hay que retrotraerse al mes de mayo de 2019. En aquellas fechas, desde Antaxi se percataron de un descenso brusco en el volumen de autorizaciones VTC que aparecían registradas en Catalunya. Ante las sospechas, la organización de taxistas solicitó información al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat por la repentina baja de cientos de autorizaciones VTC.

 

Desde Antaxi, y tomando como referencia los datos del Ministerio de Transportes, indicaron que durante los meses de marzo y abril de 2019 se dieron de baja nada menos que 689 autorizaciones VTC. Ante ese cambio tan brusco, solicitaron que se facilitase información sobre las empresas cuyas VTC habían sido dadas de baja y el motivo de las mismas.

 

La organización nacional de taxistas sospechaba no solo de las bajas, sino sobre todo de la forma en la que se volvían a activar estas autorizaciones sin cumplir con los requisitos técnicos establecidos en Catalunya. Entre dichos requisitos se establecía una potencia fiscal mínima, unas dimensiones concretas o el cumplimiento de otros factores en la prestación del servicio.

 

Durante el tiempo de baja, esas VTC no tenían un vehículo adscrito en Catalunya, y desde Antaxi solicitaron al Serveci Territorial de Transports de Barcelona que se revocasen estas autorizaciones de VTC que estaban en situación de baja por desadscripción del vehículo.

 

Esa petición fue rechazada y la asociación de taxistas acudió a los tribunales, en concreto al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Barcelona que, sin embargo, inadmitió las pretensiones de los taxistas en noviembre de 2020, desestimando el recurso en el que se solicitaba la revocación de estas autorizaciones VTC.

 

Antaxi no se quedó de brazos cruzados y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Desde el taxi insistían en que tenían legitimidad para pedir la revocación de las VTC y por eso pedía que la administración catalana iniciase los procedimientos con la correspondiente fase de investigación para recovar las VTC. Desde la Generalitat, por su parte, consideraban que el taxi no tenía legitimación activa para interponer esta solicitud. Lo mismo consideraban las mercantiles de las VTC.

Imagen del registro de autorizaciones VTC de mayo de 2019

 

Sin embargo, y en una exposición de los fundamentos muy detallada, en la sentencia conocida este pasado viernes, el TSJC concluye que la Asociación Nacional del Taxi tiene “interés legitimo que le habilita a interponer acciones en defensa de los intereses profesionales y patrimoniales de los integrantes de la misma, en tanto que son competidores directos en el mercado de transporte de viajeros”. Por ese motivo, sostiene el tribunal que el sector del taxi tiene derecho a impugnar cuando se vea amenazado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa reguladora de las VTC. Por ese motivo, admite el recurso interpuesto por los taxistas.

 

En cuanto al fondo de la cuestión, es decir, la revocación o no de las autorizaciones de VTC que estuvieron durante meses en el limbo sin un vehículo adscrito en Catalunya, el TSJC no ha dado la razón del todo a la organización del taxi. Desde la asociación recordaron en su recurso que las VTC pueden ser revocadas por la administración por razones de oportunidad o de legalidad, por falta de uso o por fraude de ley.

 

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no ha admitido la revocación, pero sí que ha reconocido y obligado a la Generalitat a que inicie el correspondiente procedimiento administrativo y valore si la documentación aportada por las VTC cumple con los presupuestos legales exigidos. Ha revocado, eso sí, la sentencia anterior que rechazaba que el taxi tuviera capacidad para interponer este tipo de recurso, recordando que asociaciones como Antaxi tienen capacidad e interés legitimo en estas cuestiones. Contra esta sentencia podrá interponerse un recurso de casación en el plazo de treinta días hábiles.

 

Santiago Simón, miembro de la junta directiva de Antaxi, ha querido agradecer a los compañeros que colaboran con la lucha jurídica de la asociación. “Gracias a ellos se ha logrado que se revise este número tan importante de VTC”, ha explicado en declaraciones ofrecidas a nuestro medio./TAMBIÉN ES NOTICIA

 

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