TRIBUNA: La trampa de los Poderes Públicos (6/6)

Por Manuel Sánchez

Las empresas de alquiler o arrendamiento de vehículos con conducto, son ajenos al transporte urbano por las características propias de su actividad, transfer y contratos a disposición mediante la pre-contratación con retorno a su base de operaciones, son  elementos imprescindibles que son distorsionados al pretender los Poderes Públicos obviar las normativas sectoriales de transporte (LOTT y Leyes Autonómicas), para dar curso al montaje del nuevo escenario del libre mercado vía competencia en el ámbito de los servicios de transporte urbano. 

Sin embargo,  insisto una vez más,  las normas sectoriales de transporte (estatal,  autonómica y locales) definen y establecen que los servicios de transporte urbano realizados en automóviles de turismo necesitará la correspondiente licencia urbana categorizada como única licencia de auto-taxi, en función de la noción de ser un "servicio público impropio" que siendo de particulares son controladas y gestionadas por el Ente Local, quien fija los parámetros reglamentarios que por analogía les son propios al  Servicio Público de Transporte Regular, como es la regla de ratio de vehículo por número de habitantes, el control y revisión anual de la aplicación de las tarifas por parte de la Consejería de Consumo, el otorgamiento de licencias municipales de autotaxi por Concurso Público, los días de libranza y descansos, etc. Es decir, una ordenación legalmente establecida del servicio del autotaxi para garantizar a todos los ciudadanos su prestación.

"Si el dinero va por delante, todas las puertas se abren" William Shakespeare

Han pasado muchos años y hemos podido comprobar como sistemáticamente los Poderes Públicos mantienen la permisividad de seguir omitiendo las normativas legales existentes en el transporte, normativas que ellos mismos crearon donde se reconoce que la falta de licencia municipal es un hecho grave sancionable. 

En estos supuestos de infracción, nos encontramos con empresas de alquiler de vehículos con conductor, realizando servicios de transporte de viajeros desde el año 2013 sin poseer licencia municipal que les habilite a realizar dichos servicios y sin que ninguna administración competente haya abierto boletines de denuncias por el intrusismo y la competencia han desenfado llevará a cabo en detrimento del servicio público de taxi.  

Por consiguiente, el camuflaje llevado en el curso de su transformación (una actividad que alquila o arrienda vehículos con conductor), poco a poco, las han ido blanqueando, permitiendo que la mutación de las empresas de VTC adquieran epígrafes y códigos fuentes que les son propios al Taxi para que así de esta manera tapen todas las irregularidades cometidas en este círculo vicioso. 

Con el apoyo del Estamento político, Administraciones Públicas junto a las Plataformas disruptivas, han incorporar todas estas empresas de VTC como nueva versión de la movilidad urbana. Una versión que como hemos dicho, el Estado fuera del entorno mercantil- comercial de estas empresas,  no puede entrar a regular por ser competencia de las CCAA y que estas a su vez, han permitido su incursión y prácticas de servicios análogos al Taxi, para su posterior integración legal por Decreto-Ley, donde han creado toda esta vorágine de cambios y hábitos sociales que incidan en la opinión pública para afianzar con éxito el futuro de las empresas tanto tecnológicas como de VTC en la movilidad urbana.  

Por último, insistir una vez más, la Ley Estatal de transporte establece que para hacer servicios urbanos es preciso tener la licencia municipal, las dos Leyes de transporte de la CAM se establecen en idénticas formas, Sin embargo, el ejecutivo de la región madrileña se permite modificar la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos a su antojo, modificándola vía exprés por lectura única, para enlucir algo que estaban operando fuera de ley,  y aún aprobada dichas modificaciones  genera muchas dudas. 

La verdad está reñida con un entorno injusto. Los Tribunales de Justicia tendrán la última palabra, esperemos que sean magistrales, reconociéndose el daño realizado al colectivo profesión del sector del taxi. 

FIN