Valencia, también a favor de una autorización urbana

El ayuntamiento de Valencia ha aprobado, de forma unánime, una declaración institucional de apoyo al sector del taxi. Además, ha pedido a Fomento y a la Consellería competente mecanismos de control para mantener los criterios de proporción 1/30 y establecer procedimientos para exigir un tiempo mínimo de dos horas entre la contratación y la prestación del servicio VTC.

 

Otra de las reclamaciones incluidas en la declaración es la posibilidad exigir a vehículos de alquiler con conductor contar con una autorización de funcionamiento urbana añadida a la exigida por el Ministerio de Fomento. Para ello sería necesario un informe previo del Ayuntamiento para valorar la incidencia de la concesión sobre el servicio público del taxi, la movilidad y el medio ambiente. También pide reforzar la inspección y las sanciones para detectar y eliminar prácticas de intrusismo por captación ilegal de clientes y operar en áreas de influencia del taxi.

 

 

La declaración señala que “la posible liberalización del sector del taxi y de las VTC supondrá una masificación de vehículos en nuestras ciudades, la precarización y la pérdida de la imagen del servicio discrecional de transporte urbano e intercomunitario”. Además, destaca “la pérdida económica para cerca de 7.000 familias que viven del sector del taxi en todo el territorio valenciano”.

 

 

Por otro lado, la declaración institucional ha instado al gobierno central a incluir, en una modificación eventual del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, un nuevo texto para el artículo 182.2 o equivalente, que desarrolle las condiciones aplicables a las VTC en relación con el origen, destino o recorrido de los servicios. También le insta a adoptar medidas favorecedoras de la profesionalización de los conductores de los VTC con la introducción de una formación homogénea, a través de fórmulas como el de un Certificado de Actividad Profesional (CAP) específico. 

 

 

Asimismo, propone la puesta en marcha de planes de ayudas al sector profesional del taxi (prejubilacions, adaptación de vehículos, nuevas tecnologías eléctricas de apoyo a políticas de eficiencia medioambiental) y el reconocimiento de enfermedades profesionales en el sector, como ya se ha reconocido en otros sectores parecidos.