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27/09/2022 09:26:04 - La Gaceta del TAXI

“La precontratación mínima de VTCs es insegura jurídicamente”


Antes de aprobar en el Consejo de Gobierno de Andalucía el Real-Decreto por el que se va a regular y permitir la actividad urbana de las VTCs en territorio andaluz, su consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha hecho unas declaraciones esta mañana donde ha defendido la decisión del ejecutivo regional.

 

En un acto organizado por la Cadena Ser, Carazo ha explicado que desde el Gobierno andaluz han sido “valientes”. “No nos ha condicionado como han regulado en otras comunidades autónomas. Hemos entendido que Andalucía es diferente, y hemos regulado con un modelo propio, seguro jurídicamente”, ha explicado.

 

Desde el taxi, que en el día de ayer lanzaron un último listado de propuestas para que se incluyeran en este decreto, se sienten traicionados ante lo que ellos mismos consideran el “decretazo de Carazo”. La consejera, en este sentido ha indicado que su intención es “favorecer al usuariom que es el eje de la regulación” y que han regulado con el conocimiento de “haber hablado con todas las partes”, incluidas las VTCs a las que ha reconocido su esfuerzo por plantear medidas.

 

Una de las principales demandas del sector del taxi, además de mantener o fijar una ratio de proporcionalidad entre el número de taxis y VTC, era establecer en la regulación una precontratación mínima obligatoria para los servicios en coches de alquiler con conductor. Ante esto, Carazo ha explicado que es “insegura jurídicamente”. “Tenemos pronunciamientos y sentencias judiciales diversas y hemos trabajado en otras medidas. Hemos decidido en este sentido cambiar el tiempo por el espacio, estableciendo 150 o 300 metros de distancia a la que no deben estar en áreas de densidad de población importante”.

 

Sin embargo, esta medida no es satisfactoria para los taxistas, que desconfían de la ya escasa capacidad de control de la actividad de las VTCs en Andalucía. Al hilo de esto, Carazo ha indicado que con el nuevo decreto se contempla la posibilidad de que sean los ayuntamientos los que puedan sancionar y recaudar por las infracciones cometidas por las VTCs en el ámbito urbano./TAMBIÉN ES NOTICIA 










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