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15/07/2015 04:29:54 - Gaceta del Taxi

”El intrusismo se ha vuelto algo incontrolable”


José Royón, el nuevo presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat) afronta su primer verano al frente de la entidad. Una situación complicada por el intrusismo, problema que se multiplica en esta estación. No será su único objetivo al frente de la organización. Sanear la economía de la asociación, retirar licencias y mantener buena sintonía con el nuevo equipo de Movilidad son otras de sus prioridades. 

Gaceta del Taxi.- Aunque apenas lleva dos meses en el cargo, ¿cuáles son sus principales líneas de actuación? 
 
 
José Royón.- Primero queremos sanear lo máximo posible la economía de la asociación. Sabemos que la cosa está difícil y complicada porque la asociación vive de la cuota de socios y no se puede apretar más las tuercas. Tenemos suficientes medios para ir saliendo hacia delante.
 
 
Otro aspecto que estamos valorando es la retirada de licencias. Ya se está haciendo en ciudades muy cercanas a la nuestra, como es Sevilla. Por desgracia, en Málaga la sobreoferta que hay no se corresponde con la demanda, pues la línea de autobuses es buena y hace dos años pusieron a funcionar dos líneas de metro. Aunque tenemos un aeropuerto internacional que es el tercero o cuarto en España por tráfico de viajeros no lo explotamos sólo los taxistas. Tenemos además el problema de los intrusos y piratas que ofrecen una competencia desleal y esto va en detrimento nuestro, pues nosotros nos tenemos que regir por unos precios oficiales y ellos ofrecen precios más bajos. 
 
 
El intrusismo se ha vuelto algo incontrolable. La Administración no nos presta ayuda en ese problema a pesar de que hay una normativa para paralizar los vehículos piratas. Al final la poca presión que se está haciendo proviene del propio sector y encima nos cuesta dinero, pues tenemos personal de vigilancia privado en el aeropuerto, mientras que tenemos el conocimiento de que en otras ciudades el Ayuntamiento sí les ha prestado una unidad policial o una patrulla al sector. 
 
 
Desde mi equipo intentaríamos buscar una fórmula para empezar a retirar licencias. Málaga es una ciudad que tiene 1432 taxis y con 1100 licencias funcionaría hoy en día, por lo que creemos que lo más conveniente es que tanto la administración como el propio sector aporten para esta retirada. 
 
 
Respecto a la regulación horaria, es otra de las iniciativas que se intentaron el año pasado. En las votaciones el sector decidió que queríamos el tipo de descanso que tenemos ahora (dos días libres a la semana, uno de lunes a viernes y sábados y domingos alternos) y además la regulación horaria. Pero por una serie de polémicas y que algunos compañeros no estaban conformes con ese descanso, el Ayuntamiento lo paralizó y quedo pendiente de un estudio. Veremos que sucede próximamente. 
 
 
También están los típicos problemas que surgen en el sector del taxi del día a día. Pedimos, por ejemplo, que la Policía sea un poco más permisiva con nosotros o conseguir nuevos mercados (agencias de viajes, servicio de diálisis, servicio a la Consejería de Justicia, etc). 

 
 
G.T.- Uno de los aspectos calientes de la anterior directiva fue la polémica en torno al 11/85. ¿Cómo manejará la situación el nuevo equipo?
 
 
J.R.- Nos gustaría tener una buena relación con la administración y seguir trabajando en el decreto 11/85, pendiente con la Junta de Andalucía con el tema de la reciprocidad modulada en el aeropuerto. El equipo anterior de Mate y unos compañeros formaron una comisión para negociar ciertos aspectos. Parece ser que todo va hacia la creación de un área de prestación conjunta pero al haber también elecciones en la Junta de Andalucía eso está paralizado. Creo que ya han nombrado al Consejero y habrá que retomar las negociaciones.
 

 

48 expedientes en un año

 

La Consejería de Fomento y Vivienda tramitó en Málaga durante el pasado año un total de 48 expedientes sancionadores a taxis piratas por prestar servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización. De acuerdo con la normativa vigente, el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros, teniendo en cuenta aspectos como la reincidencia, la especial gravedad de la infracción, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social, según ha informado la Junta en un comunicado.  En Andalucía la labor inspectora cerró 2014 con un total de 182 sanciones en el conjunto de la región, un 30 por ciento más respecto al año anterior, cuando se registraron 140 multas.

 

 

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