El Tribunal Supremo anula el registro electrónico de las VTCs

El Tribunal Supremo ha declarado nulos los artículos 1 y 2 del Real Decreto aprobado a finales de diciembre de 2017 por el que se ponía en marcha una web de control para los servicios de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), y además, se regulaba la venta de las autorizaciones de estos coches.

 

La Sala tercera de lo Contencioso Administrativo del alto Tribunal ha dado la razón a Uber y ha anulado el artículo 2 que obligaba a las empresas titulares de VTC a “comunicar a la administración, por vía electrónica, los datos reseñados en la hoja de ruta o contrato”. Para ello, el Ministerio de Fomento habilitó una web de control y registro que se había puesto en funcionamiento efectivo hace apenas unos meses.

 

Junto a esto, el Supremo ha declarado nulo también el primer artículo del mencionado decreto  que establecía que las autorizaciones de VTC “no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original por el órgano competente en materia de transporte terrestre”.

 

Esta sentencia ha dado respuesta a un recurso interpuesto por Uber contra la Administración del Estado –hay que recordar que el decreto fue aprobado todavía bajo el gobierno de Mariano Rajoy-, y en el proceso estaban como codemandadas la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) y la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi).

 

La operadora de VTC ha defendido que con la obligatoriedad de registrar todos los servicios se podía ver vulnerado el derecho a la intimidad y ha justificado que esa obligación no la tienen los taxistas.

 

Reunión urgente en Catalunya

 

En Catalunya la Generalitat puso en marcha su propia web de control y habrá que ver cómo le puede afectar esta sentencia. En cualquier caso, la asociación Élite Taxi Barcelona, mayoritaria en territorio catalán, ha manifestado que la decisión del Supremo “deja sin ningún tipo de control la actividad de las VTCs”.

 

“Nos debemos replantear una nueva hoja de ruta que el sector deberá elegir rápidamente y reaccionar lo antes posible”, explica la organización en un comunicado en el que ha informado que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) les ha comunicado la necesidad de tener un encuentro urgente en el que la Generalitat también esté presente para ver las medidas que se pueden adoptar.