La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cumplido con los pronósticos y ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado el 29 de diciembre de 2017 que introducía medidas contra la especulación de las autorizaciones VTC.
Le entidad que preside José María Marín Quemada formuló a finales de febrero un requerimiento previo al Consejo de Ministros para que derogase ese decreto porque entendía que iba a frenar el incentivo de nuevas empresas que quisieran entrar en el mercado, repercutiendo negativamente sobre los usuarios de los servicios de las VTC.
La principal novedad que introducía este decreto era el hecho de impedir las transmisiones de autorizaciones VTC durante dos años desde que fueran concedidas por la administración. Además, mediante esta nueva norma se debía poner en marcha un registro único a nivel estatal en el que debía de comunicarse los servicios de VTC con carácter previo a su realización.
Para la CNMC estas medidas suponían “numerosas restricciones a la competencia que perjudicaban a los consumidores y usuarios”. Sin embargo, desde Fomento se explicó que con este decreto se iba a lograr una mejor convivencia entre el taxi y las VTC.