Antaxi pide que los ayuntamientos y las CCAA controlen las VTCs

Antes de la aprobación definitiva del Real Decreto que modificará las condiciones de las VTCs, la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha solicitado al Ministerio de Fomento que ceda a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas las competencias de gestión de las condiciones de funcionamiento de las VTCs en suelo urbano.

 

Los taxistas pretenden que con esta medida se establezca una situación de igualdad entre ambos sectores que “garantice la seguridad de los usuarios”.

 

El Real Decreto que actualmente se está tramitando y que modificaría el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT), en un principio busca establecer una serie de limitaciones a la actividad de las VTCs y evitar también la especulación de las autorizaciones en el mercado.

 

Sin embargo Julio Sanz, presidente de Antaxi, ante esta modificación pretende incluir una medida para que las competencias sobre la actividad en suelo urbano de las VTCs recaigan sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y no dependan de una única autorización estatal.

 

Los taxis funcionan con licencias urbanas otorgadas por los ayuntamientos y el hecho de que las VTCs no funcionen de tal forma, provoca, a juicio de Sanz, “un conflicto de competencias entre el Ministerio y las administraciones locales”, además de “una pérdida de competencias de control de los ayuntamientos y las comunidades en el transporte urbano”.

 

El presidente de Antaxi ha querido recordar que, en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional,  son las administraciones locales las que cuentan con las competencias en regulación del transporte urbano.

 

Con esta iniciativa, desde Antaxi pretenden que el sector “disponga de las mismas condiciones de trabajo que las VTCs en relación al control de las limitaciones geográficas a la hora de prestar servicio en suelo urbano y garantizar una mayor seguridad al ciudadano”.

 

Por último, la organización de taxistas solicita también a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que ejerzan sus competencias para regular el transporte urbano y exijan por igual las autorizaciones, tanto a los taxis como a las VTCs.