Antaxi pide responsabilidad a las administraciones tras las sentencias del 1/30

Este miércoles 17 de enero se conoció la primera sentencia en la que el Tribunal Supremo estimaba un recurso planteado por una compañía de VTC para obtener 1.000 autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor.  Tras la primera, se ha conocido otra sentencia sobre un procedimiento idéntico con otras 1.000 VTC y, por ejemplo, solo en Madrid, se habla de que hay en juego un total de 25.000 autorizaciones de este tipo.

 

Ese volumen de peticiones se hace extensivo a toda España, e incluso se calcula que habría pendiente de resolver en los tribunales hasta un total de 100.000 autorizaciones. Por ese motivo, y ante la sentencia contraria al 1/30 publicada por el Tribunal Supremo, desde la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) piden responsabilidad a las administraciones para “evitar el colapso de la movilidad urbana”.

 

“Estas sentencias son la constatación de que estas empresas no buscan precisamente el equilibrio de la oferta ni tienen una visión responsable de la movilidad urbana”, explica Julio Sanz, presidente de Antaxi, que reclama que los poderes públicos “deben, ahora más que nunca, reaccionar y no renunciar a las facultades de regulación y obligaciones de supervisión que les otorga la Ley”.

De las sentencias publicadas por el Supremo, Antaxi concluye que el Gobierno acertó al aprobar el Real Decreto-ley del 5 de julio de 2023 que se adaptó a la sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ese RDL admite la limitación al otorgamiento de VTC por razones imperiosas de interés general como la protección del medio ambiente o del entorno urbano. Aclaran desde Antaxi que el Supremo no inhabilita el 1/30, pero sí que admite que no estaba debidamente justificado.

 

Recuerda la asociación de taxistas que, tras las sentencias del Supremo, las autoridades mantienen su responsabilidad para sujetar y establecer limitaciones cuantitativas, así como requisitos que se deben cumplir antes de conceder VTC. Es decir, el RDL que habilita a las administraciones para imponer límites a la concesión de VTC “tiene que cumplirse”, más allá de que en estos dos primeros procedimientos no haya sido aplicable.

 

Liderazgo y rigor

 

Por ese motivo, desde Antaxi piden al Estado liderazgo y coordinación para formular “criterios comunes de aplicación que no perviertan los objetivos medioambientales y de protección del entorno urbano perseguido por el RDL y ya vigentes”. A las Comunidades Autónomas, la organización nacional de taxistas que adecúen su normativa al RDL para evitar una lluvia de miles de VTC.

 

“Debemos exigir rigor y responsabilidad”, asegura Sanz, indicando que “la administración debe aprender de sus errores pasados y no permitir situaciones incongruentes con la regulación y absurdas desde los objetivos medioambientales y de limitación de la congestión viaria”. “El colectivo del taxi, servicio de interés público regulado y con derechos para los usuarios, sí es un elemento de apoyo de las administraciones frente a fórmulas acaparadoras y excluyentes”, concluye./TAMBIÉN ES NOTICIA