Dos días ha durado la implantación del descanso obligatorio en Las Palmas de Gran Canaria. El juzgado de los Contencioso Administrativo nº5 de la ciudad ha admitido el recurso de 64 taxistas que solicitaban la suspensión de esta medida regulatoria. Además, estos profesionales reclaman la dimisión del edil de movilidad, José Eduardo Ramírez.
Aprobada el 17 de febrero, con esta medida el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esperaba reordenar el sector para que un tercio de las licencias libraran de lunes a sábado. De esta manera se esperaba dar respuestas al excesivo número de licencias que soporta la capital grancanaria, cuyo ratio licencia por habitante dobla el nacional, de 4,3 taxis por cada 1.000 habitantes. En un principio la libranza obligatoria de dos días tenía un plazo de prueba de cuatro meses, desde el 7 de marzo hasta el 28 de junio.
Sin embargo, su aplicación ha arrastrado cierta controversia dentro del sector. Por un lado, la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, ATAT, considera que la imposición de esta regulación de libranzas “vulnera la libertad del autónomo de decidir su descanso”. A favor, otras organizaciones como la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxi de Canarias, se mostró favorable a esta medida. En su opinión, “es el primer paso hacia una regulación más profunda y que debe continuar con inspecciones documentales”. Con esta decisión judicial, los taxistas capitalinos mantendrán su actual sistema de trabajo sin cambios.