Bloqueado el balance de cuentas en la Cooperativa de Valladolid

Es la segunda vez en menos de cuatro meses que se bloquea el balance de cuentas en la Cooperativa de Taxistas de Valladolid. Tras celebrarse asamblea extraordinaria, por siete votos de diferencia y 14 abstenciones, no se logró la conformidad con las cuentas correspondientes al ejercicio del 2013.

 

La agrupación, que aglutina a unos 400 trabajadores del taxi de la ciudad, celebró una asamblea extraordinaria este pasado martes muy concurrida, con presencia de más del 75% de sus integrantes. En ella se pretendía dar por cerrado el capítulo contable que se pospuso en junio, durante una anterior reunión de los socios pero las votaciones no lo permitieron, ya que el resultado de la votación fue de 155 votos en contra de la aprobación de las cuentas, 148 a favor y 14 abstenciones, publica el diario El Norte de Castilla.

 

Pero los asociados no fueron convencidos con la información facilitada y han cuestionado las diferencias de datos que se recogían en la contabilidad supervisada por una gestoría y la documentación que se dio al socio al entrar. La polémica vino por dos ingresos de 5.000 euros cada uno, cuyas cifras han variado. El presidente de la entidad, Roberto Merino, reconoce que no se han explicado bien estas dos facturas de ingresos.

 

Durante el pasado año, la Sociedad Cooperativa Radio Taxi ingresó 1,2 millones de euros, mientras que en el balance presentado en junio ascendieron a 1.186.078 euros. Precisamente, las discrepancias vinieron porque en la asamblea del día 16, en este apartado se introdujo otra cifra (1.190.466 euros). En la reunión, celebrada en el Centro Cívico Canterac, algunos de los asistentes preguntaron no solo por estas dos diferencias, sino también por la cifra que se recogía en el inventario de cuentas anual, que fija los ingresos en 1.200.599 euros.

 

Ahora Roberto Merino está informándose sobre como actuar con el balance de cuentas bloqueado por segunda vez por la mayoría de cooperativistas. Si no se decide nada, será el Ejecutivo autonómico el que intervenga, y decidirá si encargar una auditoría externa.