11 licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria han sido condenadas por el juez a una multa por valor de 68.761 euros por el delito de cesión ilegal de trabajadores, en el ya conocido ‘Caso Floteros’.
El magistrado del Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González Prieto, ha condenado así a que cada una de estas licencias abone la cantidad de 6.261 euros. Esta sentencia, que es la primera emitida en el ‘Caso Floteros’, contempla aún la posibilidad de recurso.
En la sentencia del pasado 8 de junio, el juez considera probada la existencia de una red en la que el titular de la licencia 1.220, Oliverio Rodríguez Quintana, es un “auténtico empresario que se dedica como actividad principal a la gestión integral” de un conjunto de licencias con trabajadores con los que actuaba dándoles de alta en una u otra licencia como si fuese una empresa de trabajo temporal sin tener autorización legal para ello. Se trata de las licencias correspondientes a los números 754, 516, 857, 767, 863, 989, 1.075, 1.357, 964, 1.620 y 1.044, puntualiza La Provincia. Cada uno de estos permisos de explotación de taxis municipales tiene múltiples propietarios, hasta sumar los 65 que figuran relacionados en la fallo judicial y que han de abonar los 6.251 euros de multa por cada licencia en caso de que el responsable de la red, Rodríguez Quintana, no los pague, puntualiza el citado medio.
El juez, sin embargo, no entra a valorar si hay delito fiscal en la explotación de los taxis, otra de las cuestiones objeto de esta larga instrucción. Asimismo, el magistrado no aprecia cesión ilegal de trabajadores entre Oliverio Rodríguez y los titulares de otras tres licencias puestas en entredicho: las número 1.210, 978 y 1.314. Sus propietarios han quedado absueltos.
Esta trama, destapada en la capital grancanaria en abril de 2010, viene a demostrar la existencia de una explotación ilegal de las licencias de taxis pertenecientes principalmente a herederos de antiguos taxistas.