La moratoria de cuatro años que el Decreto Ley conocido como “Decreto Ábalos” deba a las VTCs para poder prestar servicio en suelo urbano sin un permiso específico del ayuntamiento de turno finaliza en septiembre de 2022.
Hasta que llegue el fin de esa especie de “permiso temporal” que el entonces Ministerio de Fomento otorgó en septiembre de 2018 a las VTCs para que pudieran seguir prestando servicio en el ámbito urbano, serán muchos los movimientos legislativos y judiciales que se sucedan, y en todos ellos anuncia que estará presente el sector del taxi para velar por lo que considera que son sus intereses.
“La sensación que tenemos es que para esta recta final se nos aproxima un periodo muy intenso porque las presiones que ejercen las plataformas de VTCs a la vista de que se les acaba el tiempo de la moratoria son muy fuertes”, explica Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi, organización estatal que ha crecido de manera exponencial en los últimos meses consolidándose claramente como la mayoritaria dentro de la representatividad del taxi a nivel nacional.
La moratoria finaliza en septiembre del año que viene y las competencias, como bien dice el decreto, se delegan a las Comunidades Autónomas. “El temor que tenemos es que ya sabemos el perfil político desregulador de algunas regiones y por eso hemos querido trabajar en el Congreso de los Diputados para definir ciertos aspectos”, indica Rafael Baena, representante de la Federación Élite Taxi España (FETE), organización que actualmente está terminando de conformar su nueva junta directiva cuya presidencia va a estar en Sevilla.
“El taxi tiene que reaccionar. En principio estamos preparados y prevenidos porque puedan venir intentos de regulación que no nos beneficien y por eso debemos estar muy atentos”, manifiesta Sanz, que se muestra convencido de que la intensa actividad judicial que se está llevando a cabo indica que desde el lado de las VTCs “quieren quemar todas sus naves y el taxi debe estar presente en todos los procedimientos y litigios que pueda personarse”.
Decisión clave en el Supremo
Lo cierto es que son dos los procedimientos judiciales más importantes que pueden alterar la situación del transporte en vehículos de turismo en los próximos meses. Uno de ellos se encuentra en el Tribunal Supremo, y el otro está pendiente de resolución ante la justicia europea.
El Alto Tribunal español ha admitido a trámite un recurso de Cabify y va a volver a analizar y valorar si la ratio de una VTC por cada 30 taxis que aceptó por sentencia en 2018 vulnera o no ciertos preceptos legales. En la defensa del 1/30 ya se ha personado Antaxi, y recientemente se ha sabido que Taxi Project, la organización liderada por Alberto “Tito” Álvarez también estará presente. “Es bueno que se sumen más asociaciones porque siempre da más consistencia y no estamos solos en este punto”, explica Sanz, al hilo de la personación de Taxi Project en este procedimiento que, tal y como recuerdan desde el taxi “no será la última iniciativa judicial que lleven a cabo”.
Y es que desde el sector están convencidos de que la lucha por el nuevo marco normativo se afrontará en distintos escenarios, desde los despachos, en los juzgados o incluso en la calle. “El taxi está muy fortalecido ante la opinión pública, ha salido fortalecido de esta pandemia por todas las actuaciones que ha llevado a cabo cumpliendo esa labor de servicio público de interés general”, indica el presidente de Antaxi./TAMBIÉN ES NOTICIA
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