El gobierno no cambiará la normativa sobre VTC

Las organizaciones nacionales del taxi aseguran que el Ministerio de Fomento mantiene su posición de no modificar la norma que regula el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), a pesar de los requerimientos formulados en su contra por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El pasado viernes según el digital  negocios.com, directivos de las agrupaciones nacionales, Fedetaxi, Unalt y CTE se reunieron con responsables de la Dirección General de Transportes para conocer la actuación y gestiones que ha realizado el Gobierno respecto a los requerimientos de la CNMC contra el Real Decreto y Orden Ministerial que regulan dicha actividad.

La CNMC requirió hace ahora dos meses al Gobierno a modificar dicha normativa, con el objetivo, aseguran desde el taxi, de desregular y privatizar el servicio público del taxi y entregarlo a grupos de presión y multinacionales de la "falsa economía colaborativa" y amenazó con impugnarla ante los tribunales, en caso contrario.

Sin embargo, Fomento "mantiene una posición clara y contundente de no modificar" una norma aprobada hace apenas dos meses, así como mantener el ordenamiento vigente y ha confirmado que no se ha dado respuesta expresa a dichos requerimientos, dejando transcurrir los plazos legales y estando a la espera de recibir las correspondientes demandas judiciales.

Llegado este momento, Fomento sería representado por la abogacía del Estado, lo que implicaría  que la CNMC deberá buscar un despacho legal privado, con cargo a los impuestos de todos los españoles, para defender su tesis de la anulación de diversos preceptos del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) en materia de VTC.

Los representantes de Fomento han transmitido a las organizaciones que "están ultimando la redacción de un criterio interpretativo de las normas que regulan la actividad de VTC, a fin de facilitar a los cuerpos de inspección la tramitación de los expedientes sancionadores que se produzcan por las malas praxis de estas empresas y los chóferes que trabajan para las mismas.