La organización de consumidores Facua ha presentado alegaciones al proyecto de la ordenanza que regularía el servicio de taxi en la ciudad ya que carece “de una clara falta de protección sobre los derechos fundamentales de los usuarios ante la contratación de un servicio”.
Facua considera que dicho proyecto destaca por un “carácter intervencionista” que “excede de la finalidad de la misma, que no puede ser otra que la adaptación de sus postulados y entre otras, a la Ley 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias”.
Esta entidad entiende que el texto, tal y como está desarrollado actualmente, “además de ser flagrante, es desproporcionado e injusto, por lo que contraviene lo preceptuado en los artículos 20, 60 y 82 de la citada Ley 1/2007 de 16 de noviembre”.
La asociación opina que con la redacción actual quedaría claro el “desequilibrio e indefensión que sufre el consumidor ante la contratación del servicio por radio emisora, teléfono o cualquier otro medio telemático”, colocando en una “situación de supremacía al prestador del servicio”. Para Facua, “las administraciones públicas deben velar porque se cumplan los derechos fundamentales de los consumidores y se ofrezca una correcta información a los usuarios sobre los servicios contratados”, por lo que solicita al Ayuntamiento en sus alegaciones que refleje en la ordenanza que cada empresa tenga la libertad de poner el taxímetro en dos versiones: o al ser solicitado o al recoger.