El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado una modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, incluida en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2016, con el objetivo de perseguir de manera efectiva a aquellos servicios de transporte urbano sin licencia municipal y que perjudican, fundamentalmente, al sector del taxi.
Esta iniciativa demandada desde hace años por los profesionales del sector, pretende ordenar el servicio de taxi y generar un efecto disuasorio que evite la competencia desleal en el sector del taxi. La primera consecuencia de esta modificación será la inmovilización de manera inmediata de los vehículos infractores cuando realicen un trasporte público de viajeros de manera ilegal.
La nueva modificación precisa que se inmovilizarán los vehículos infractores incluso cuando las personas responsables tengan su residencia en otros lugares de España, sumándose a la legislación estatal que ya permite la inmovilización del vehículo para infractores extranjeros.
También se añade una sanción, que oscilará entre los 4.001 y los 6.000 euros con la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados por la realización de dicha actividad ilícita.
El sector del taxi, ha recibido con satisfacción esta modificación de la Ley, con la que se espera se pueda evitar la aparición de determinadas conductas infractoras que suponen competencia desleal para las empresas que sí están autorizadas. Se pretende, además, que tenga un efecto disuasorio para el resto de potenciales infractores.
Las inspecciones serán realizadas por los técnicos de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid en colaboración con los agentes de la Policía Local de los municipios de la región, en especial, de Madrid capital. Los lugares donde se produce un mayor número de actividades ilícitas de intrusismo son el aeropuerto de Barajas y la estación de Atocha.