La Consejería de Fomento, que el próximo martes se reunirán con el sector del taxi malagueño para intentar frenar la huelga que estos han convocado para el 24 y el 31 de diciembre, ha ideado una solución para Málaga: la creación de un APC similar al de Madrid o Barcelona.
El área de prestación conjunta (APC) permitiría ofrecer unas tarifas y reglamento común a los taxis desde Málaga hasta Estepona. Esta medida se complementaría también con el Decreto de Inmovilización, que se aprobará en días, para luchar contra los ilegales.
La propuesta que maneja la Consejería de Fomento busca coordinar la prestación del servicio del taxi de los municipios de toda la franja litoral occidental de la provincia, entre Málaga capital y Estepona. Este área englobaría cerca de 2.300 taxis de siete municipios incluidos, de los que 1.433 pertenecen a la capital.
El desarrollo del área de prestación conjunta iría de la mano del Decreto de Inmovilización, que saldrá publicado en pocos días y reforzará la lucha contra los taxis ilegales. Este decreto dará competencias a la Policía Local para inmovilizar los vehículos que realicen servicios de transporte sin tener licencia. Esta medida espera obtener mejores réditos que el actual sistema, que sólo permite multar al «taxi pirata», que sigue trabajando con normalidad.
La implantación de este área de prestación conjunta tendría un desarrollo de dos años, en los que la Consejería elaboraría la regulación común, además de llegar a los acuerdos con los municipios afectados. Hasta ese momento, la idea de la Administración autonómica sería establecer la reciprocidad modulada.