Los taxis en Valencia ya no esperarán a los fiscales

 La Conselleria de Justicia de la Generalitat de Valencia está a punto de poner fin al sobrecoste que supone tener durante horas a taxis en espera para recoger a los fiscales que se desplazan a juzgados de fuera de Valencia, según informa el Ejecutivo autónomo.

El nuevo contrato contiene una cláusula para "reutilizar los taxis y que no estén parados sin dar servicio" como hasta ahora, explica el comunicado. Con la medida, Justicia confía en ahorrar 700.000 euros al año puesto que la  intención es que el vehículo que coja un fiscal para desplazarse desde la ciudad de la Justicia de Valencia a otro partido judicial sea reutilizado por los funcionarios para notificar.
 

La Conselleria de Justicia ha gastado en los dos últimos años cinco millones de euros en los taxis que normalmente utilizan los fiscales y los funcionarios encargados de las notificaciones en sus desplazamientos a otros partidos judiciales. Justicia lleva más de cinco años tratando de reducir el gasto tras comprobar que en algunos casos "se produce el absurdo" de que un taxi espera a un fiscal en la puerta del juzgado durante toda la mañana.
 

Consell confiaba en ahorrarse cerca de tres millones de euros anuales en taxis con un plan de descentralización de la Fiscalía aprobado hace cuatro años. Además, Justicia apostó por generalizar el uso de las videoconferencias para reducir los traslados. Sin embargos, las dos medidas no han sido suficientes para conseguir el ahorro.

 

Los contratos de la Conselleria de Justicia con la adjudicataria del servicio son bianuales y el actual expira el 31 de agosto. El conseller de Justicia, Jorge Cabré, ya advirtió hace cuatro meses de que iba a reducir el gasto mejorando la gestión. Jorge Cabré conoce de primera mano el problema porque es fiscal.
 

Nuevo contrato

El presupuesto base del nuevo contrato es de 1.592.765,80 euros para los desplazamientos de Valencia y de 1.321.553,36 para los de Alicante. En total son 2.914.319,16 euros durante los dos años que dura el contrato, que se inicia el 1 de septiembre de 2012 y finaliza el 31 de agosto de 2014. La Generalitat Valenciana también tiene intención de continuar potenciando el uso de las videoconferencias.
El servicio que se prestaba peligró el pasado mes de noviembre por los retrasos del Consell en hacer frente a los pagos. La Generalitat se vio obligada a ordenar un pago urgente de 200.000 euros en noviembre por la deuda que Justicia mantenía con la empresa