Los taxistas de Las Palmas reclaman combatir el fraude en la gestión de licencias

Las asociaciones del sector del taxi reclaman al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una actuación contundente para acabar con el fraude en la gestión de licencias y que les sea revocada a los autónomos que causen baja

Los presidentes de los colectivos de asalariados, autónomos y titulares de licencias ponen como ejemplo a Santa Cruz de Tenerife, cuyo departamento de Transporte ha revocado en este año 39 permisos por incumplir la ordenanza municipal que regula la actividad.

Las sanciones se acordaron por incumplimientos graves y flagrantes, entre los cuales destacan cuatro casos de titulares de licencias que llevaban años dados de baja como autónomos en la Seguridad Social. "Es también se pueden hacer aquí, pero el Ayuntamiento de la capital grancanaria no hace las inspecciones anuales para detectar esos casos", se lamenta Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias Auto-Taxi de Canarias (Atlatc).

La Ley del Transporte de 2007 establece la obligación de realizar una inspección anual en la que se debe presentar un certificado con la fe de vida laboral. Ese documento recoge la fecha de alta en la Seguridad Social. "Hemos llegado a la situación de los floteros porque el Ayuntamiento ha utilizado a viudas y jubilados como escudos para no hacer nada", añade el responsable de Atlatc, cuya asociación destapó el fraude.

 En la actualidad investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria investiga esta causa tras la denuncia de la Fiscalía y los registros efectuados por la Agencia Tributaria. La juez ha citado como imputados a siete taxistas para tomarles declaración por fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y delitos contra los trabajadores, todo relacionado con la supuesta acumulación y explotación ilegal de las licencias.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat), José Luzardo admiite "que se pueden hacer aquí esas inspecciones". Pero el problema se remonta a 25 o 30 años atrás y la prueba de que persisten los casos de fraude está en la denuncia presentada por la Fiscalía", añade.

En la Asociación de Asalariados de Las Palmas, que preside María Eugenia García, se sienten "agraviados" por la inactividad del Ayuntamiento. En concreto echan en falta sanciones como las impuestas en la capital tinerfeña, pues en ambas ciudades el sector está regulado por la misma ley y el mismo reglamento.

Los responsables municipales de Las Palmas de Gran Canaria respondieron  que no pueden valorar los casos en los que sus colegas de Santa Cruz han revocado las licencias, entre otros motivos porque desconocen los detalles de cada situación y los preceptos invocados para retirar las licencias, pero sí rechazan que causar baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sea motivo suficiente para la revocación.