En la tercera planta de la sección penal de la Audiencia Provincial de Madrid se ha celebrado a lo largo de la mañana la vista del juicio de la Asociación Gremial de Madrid contra su ex presidente, Miguel Ángel Leal por la comisión de un presunto delito de apropiación indebida en concurso con administración desleal. Concretamente, desde organización se reclaman 60.130 euros de "un uso indebido" de la tarjeta y más 76.000 euros retirados en efectivo sin justificar.
El ex presidente en su defensa, ha justificado todos los gastos como “gastos de representación”, y ha señalado que durante su mandato se efectuaban regalos a autoridades o instituciones, si bien no ha podido concretar más que una empresa. Entre los gastos que se han hecho públicos hay movimientos en Amazon, suscripciones de Netflix o Itunes, así como gastos en supermercados, en El Corte Inglés, o en farmacias, que superan los miles de euros.
Uno de los argumentos expuestos por Leal en su defensa es que, en la época de su mandato, se produjo lo que se conoció como "la guerra del taxi" contra las plataformas de VTC, y eso implicó que se multilplicasen los viajes y las actuaciones institucionales en Europa. En este tipo de viajes que supuestamente también eran de representación, pueden verse, por ejemplo, cargos relativos a una visita a las catacumbas de Roma.
No obstante, desde la acusación de la Gremial se ha recalcado que los gastos en viajes, más allá de si estuvieran o no justificados, componen solo unos 25.000 euros de los más de 136.000 euros que se reclaman y solo aparcen cargos de viajes de 2016 y 2017, no del resto de años.
Además de la declaración del propio Leal, han intervenido en calidad de testigos Francisco Fernández, Juan Carlos Requejo y Raúl Horcajada, los tres miembros de su junta directiva entre 2015 y 2019 También han declarado dos abogados que tuvieron relación con Gremial: uno en el ámbito administrativo y otra en el ámbito laboral. Tras ellos, han tomado declaración como testigo Manuel Casado Sancho, asesor económico de gremial durante el mandato de Leal; y Emilio Domínguez, quien fuera letrado de AGATM durante la presidencia de Leal y que ha asegurado que su labor era de "hacer de lobby", al tiempo que ha explicado que acompañó a Leal en algunos de estos viajes tanto dentro como fuera de España.
Uso de la tarjeta y retirada de efectivo
En cuanto a las cantidades totales de dinero reclamadas más de 15.000 euros corresponden a 2016, más de 40.000 euros en 2017, 32.000 euros en 2018, y más de 49.000 euros en 2019. De este último ejercicio cabe destacar que se reclaman más de 40.000 euros de dinero que fueron retirados en efectivo del cajero.
Tras un receso en las declaraciones ha intervenido como testigo la persona encargada de firmar el informe pericial en el que se decretó la administración desleal del presidente de Gremial. Durante su intervención, el auditor encargado de elaborar el informe pericial ha indicado que los gastos no estaban justificados y que cuando pidieron prueba documental de los mismos, no se le facilitada.
Tras escuchar las declaraciones del acusado y los testigos, las partes han dado paso a sus conclusiones. La Fiscalía se ha reafirmado en su petición de 4 años de cárcel para Leal y ha añadido una pena de multa económica ya que, en su opinión, no se han podido justificar los gastos puesto que tenían una naturaleza distinta de los de la propia organización, por lo que se habría utilizado la tarjeta de forma indebida. Tanto es así que en su lectura de conclusiones ha hecho alusión a gastos en karaokes, cargos en el parque de atracciones, etc.
La acusación particular, es decir, la abogada de Gremial, también se han reafirmado en su petición de pena, asegurando que las pruebas son evidentes y recalcando que Miguel Ángel Leal no tenía autorización para hacer gastos personales con la tarjeta de la entidad, y que además dichos gastos no se corresponden con la actividad propia de la representación del taxi.
La defensa de Leal ha querido restar importancia al informe pericial y ha recalcado que la junta directiva de entonces de Greial nunca puso ningún límite al uso de la tarjeta. Además, ha señalado que esta tarjeta podría haberse utilizado por más personas, no solo por el presidente de entonces.
En su alegato final, Leal ha insistido en su inocencia y ha recalcado que todo se trata de un “linchamiento político”. Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que la denuncia la interpusiera Ángel Julio Mejía durante los meses en los que fue presidente de Gremial Madrid entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Se da la circunstancia de que Mejía era vicepresidente durante el mandato de Leal entre 2015 y 2019, y el acusado ha declarado que fue Mejía otro de los grandes beneficiados de esa tarjeta. Una vez escuchadas todas las partes, la magistrada ha dictado que el juicio queda visto para sentencia.