“Es probable que se concedan VTCs por ejecución de sentencia”

Pere Padrosa, Director General de Transportes de la Generalitat de Catalunya, no quiere ni engañar ni hacer falsas promesas con respecto a la situación de las VTCs. “Por duro que sea, mi obligación es decir que si se ponen algunos miles de licencias en el mercado estamos de facto ante la liberalización de un sector por sobreoferta”.

 

Eso sí, no quiere anticiparse a lo que puede terminar pasando, sino aprovechar el tiempo para plantear un “debate serio y responsable, aunque sólo sea para decidir que estamos bien como estamos”.

 

 

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Gaceta del Taxi.- Con respecto a la concesión de autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor, VTC, la política de la Generalitat, tal y como ha trasladado a las asociaciones del sector, es la de agotar la vía judicial. A la vista de la situación actual, ¿se atreve a vaticinar cuál será la postura del Supremo?

 

Pere Padrosa.- Si la doctrina del Supremo no cambia la visión de los argumentos esgrimidos por nuestros servicios jurídicos en esta segunda etapa de solicitudes, es muy probable que nos encontremos ante la necesidad de otorgar licencias por ejecución de sentencia. No obstante creo que es prematuro adelantar acontecimientos, lo cual no debe ser una excusa para perder un tiempo precioso para abordar un debate serio y responsable, aunque sólo sea para decidir que estamos bien como estamos.

 

G.T.- En caso de que finalmente dé luz verde a la concesión de VTCs, ¿qué podría hacer la Generalitat para mantener su compromiso con el taxi?

 

P.P.- No nos engañemos y no hagamos falsas promesas. Por duro que sea, mi obligación es decir que si se ponen algunos miles de licencias en el mercado estamos de facto ante la liberalización de un sector por sobreoferta. Más allá de las medidas que podamos tomar desde la Generalitat en el ámbito de la inspección e interpretación de la normativa actual de una forma muy restrictiva, no se le escapa a nadie que acabaremos ante una continuada judicialización ante el contencioso administrativo de las sanciones. 

 

Esto no es bueno para nadie, por tanto, creo que hay que apelar a quien tiene la competencia real, en este caso, al Gobierno de España, para que afronte con valentía y decisión política decisiones sobre la materia.

 

G.T.- Tenemos que preguntarle por los casos de Asturias y Navarra, donde los Tribunales de Justicia consideran que, en base a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de 2013, se debe respetar la proporcionalidad 1/30 y están rechazando las peticiones. ¿Por qué existe, si es que tiene alguna explicación, tanta disparidad a la hora de interpretar y aplicar la ley entre tribunales autonómicos?  

 

P.P.- Yo le puedo hablar de la interpretación de esta administración, que no es otra que la aplicada por otras comunidades autónomas. Los tribunales son soberanos en sus decisiones y no me toca a mi interpretarlas, sino acatarlas con el máximo respeto.

 

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