Guillermo Díaz es, desde el pasado mes de junio, nuevo presidente de AUMAT, la asociación mayoritaria del taxi de Málaga. Tras su paso en Élite Taxi Costa del Sol, cree que es “inevitable” que el sector trabaje unido para exigir que se cumpla la ley. Para el nuevo presidente es imprescindible que la Junta de Andalucía ponga en negro sobre blanco la precontratación por tiempo de las VTCs y que controlen la captación vía app a través de la geolocalización.
Gaceta del Taxi.- Tras varios años como presidente de Élite Taxi Costa del Taxi, ¿qué le mueve a cambiar de entidad?
Guillermo Díaz.- Una vez que ya ves las posibilidades que tienes en Élite, que no son pocas, compruebas que es necesario seguir avanzando y la manera de avanzar es con despachos y abogados, y eso solo se consigue en una asociación mayoritaria. La clave está en que se debe hacer cumplir la ley, porque por desgracia no se aplica, bien sea por falta de personal, falta de voluntad, desidia, muchas cosas. Son leyes que peleamos en las calles, cosas que están escritas, pero hay que ir a defenderlas.
Se sabe que hay un problema y que hay que solucionarlo, pero si en los despachos no nos escuchan, y nadie nos presta atención, tendremos que ir a la calle, que es lo último que deseamos, porque al final este tipo de acciones no perjudican al estado ni al gobierno que no te hace caso, sino que perjudica al usuario que es el que a día de hoy nos da de comer. Y el primordial velar por el usuario.
G.T.- ¿Qué le han aportado sus años en Élite?
G.D.- He estado unos dos años como presidente de Élite, y llevo cinco en el sector. Estar al frente de la asociación me ha permitido moverme a nivel nacional y adquirir muchos conocimientos en diferentes aspectos. Ahí me di cuenta de que si luchamos todos en el mismo barco va a ser más fácil conseguir objetivos y cerrar un gran proyecto.
G.T.- ¿Cuáles son sus objetivos en AUMAT?
G.D.- Mi intención en AUMAT es aportar lo que he aprendido de otros municipios y comunidades. Lo más importante para mí es cuidar al usuario, dar calidad y servicio. Y para eso es necesario mejorar los tiempos de espera, vehículos ecológicos…cambiar la mentalidad de que el taxi está obsoleto, como venden las apps disruptivas.
Que se cumpla la ley
G.T.- Para ello, entendemos, es necesario contar con las administraciones. ¿Qué les pide como presidente de la mayoritaria?
G.D.- Sobre todo exigimos que se cumpla la ley. Entendemos que un servicio VTC es un servicio precontratado nada más que por tiempo, no por distancia ni por localización. Es decir, cuando quiero un coche, lo precontrato y es cuando tengo acceso a ese coche. La VTC tradicional, implantada en Málaga desde hace más de 40 años, dispone de una gran flota y trabajamos de forma paralela el uno con el otro, porque ellos dan servicios precontratados. Por eso pedimos que las nuevas aplicaciones se acojan al sistema que emplean las VTCs tradicionales, porque ellas trabajan con VTCs y no con taxis. Creemos que el Gobierno en este caso, primero la Junta y después el Ayuntamiento debe poner medios para que esto se solucione, y la solución creemos que está precisamente en el tiempo.
También pedimos que, si la captación está prohibida no puedan estar geolocalizados. Una cosa es publicitarte y otra muy diferente es entrar en una aplicación y ver los coches que hay disponibles. Entiendo que eso es una exposición para que me contraten a mí y no a otros. Igual que los taxis no podemos ir a la puerta de una discoteca si no hay parada, las VTCs no pueden geolocalizarse sin haber sido previamente contratados.
G.T.- ¿Qué respuesta han obtenido desde la Junta de Andalucía ?
G.D.- Según la Junta, se ha llegado a un acuerdo en el 80% de los propuesto, pero claro, esto solo se refiere a las mejoras para el sector del taxi, algo que viene de 2012 y en las que por supuesto que estamos de acuerdo. Pero una cosa es mejorar el taxi y otra es mejorar en el control y la seguridad en la VTC. Eso es lo que reclamamos. Queremos que la precontratación por tiempo quede escrita, porque sabemos que es algo viable. También el tema de la geolocalización.
No queremos esas estaciones de las que hablan, es decir, asignar una parada para beneficio de una empresa privada, que es la que genera el dinero y se la lleva a paraísos fiscales. Creemos que el gobierno, y sobre todo el estado, no debería permitirlo. Si se cede algo, que sea para beneficio de todos.
Pero sobre todo, pedimos que se haga cumplir la ley. Ya sabemos que la ratio está más que pasada, 1-2, pero si se aplica el Decreto Ábalos, cuando acabe el periodo de moratoria de cuatro años, aquellas VTCs que quieran dar servicio urbano tendrán que solicitar una licencia municipal y entonces sí se aplicaría la ley del 1/30. Esto es lo primero que reivindicamos porque, recuerdo, aunque exista esa moratoria, el decreto también indica que tanto comunidad como ayuntamiento puede regular desde ya estos servicios y hace un año que esto se podía llevar a cabo. Si empezáramos por esta norma nos ahorraríamos todo lo demás.
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