Aprobado el decreto que introduce la precontratación de VTC en Catalunya

El Govern de la Generalitat, pasadas las 12.00 horas, ha aprobado el decreto que introduce una serie de medidas regulatorias de los servicios de arrendamiento con conductor en Catalunya. Destaca por encima de todas la introducción de una precontratación obligatoria con 15 minutos de antelación como mínimo para poder trasladarte en VTC.

 

La Generalitat, además, avale y permite que cada municipio, dependiendo de las circunstancias, pueda aumentar ese tiempo lo que crea conveniente. Y en este punto, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciado que aumentará ese tiempo a una hora.

 

Damiá Calvet, consejero de Territori y Sostenibilitat, quien ha asegurado que este decreto es un primer paso que seguirá con la elaboración de una ley integral, ha defendido el texto explicando que “es una oportunidad para la convivencia y la competitividad, tanto para el taxi y las VTC como para los usuarios”.

 

La segunda novedad importante que introduce dicho decreto es que las aplicaciones como Uber o Cabify tendrán prohibida la geolocalización. Consideran desde la administración catalana que el hecho de que se vea por donde circulan los coches a través del teléfono es captación.

 

Por otro lado, las VTC, en virtud de este decreto, no podrán circular de vacio por las ciudades ni estacionar en la vía pública sin servicio.

 

Además, y siendo algo que afecta también a las empresas del taxi, se exige a las plataformas de VTC que cumplan con el reglamento para compañías de intermediación donde se piden derechos a los trabajadores, transparencia y respeto por los derechos de los consumidores.

 

Madrid no acepta la precontratación

 

Mientras que en Catalunya se ha aprobado el decreto a pesar de las amenazas de abandonar la ciudad vertida por las plataformas de VTC, la Comunidad de Madrid sigue sin aceptar introducir la precontratación en la ley.

 

Pedro Rollán, vicepresidente de la CAM, ha afirmado que no darán por buena “una precontratación con un límite mínimo de 60 minutos. Estamos abiertos a hablar pero no estamos dispuestos a abordar algunas cuestiones que generarían un conflicto mayor”.