Reacción en cadena contra el intrusismo

Llega el verano y los piratas del transporte se multiplican. Para combatirles, las administraciones cada vez son más conscientes de la importancia del control y la inspección para erradicar esta lacra que perjudica la economía del taxi, además de poner en peligro a los usuarios. Con la ley en la mano, las multas por realizar este tipo de servicios sin autorización de transporte pueden llegar a ascender a los 4.001 euros.

 

Del mismo modo que en Barcelona la Guardia Urbana ha comenzado a trabajar de oficio en la lucha contra el intrusismo tras la aparición de la polémica aplicación Uber, inspeccionando aquellos vehículos que considera sospechosos, otras ciudades también trabajan ya en esta guerra contra los piratas.

 

Con este objetivo en mente, y como ya hiciera en temporadas anteriores, el Ayuntamiento de Marbella ha puesto a disposición de esta misión ocho patrullas de la Policía Local. Un operativo que se refuerza con agentes de paisano, especializados en transporte, que sirven de apoyo a las unidades uniformadas y que permiten una mayor eficacia en la detección de la actividad ilegal de transporte de viajeros. Durante todo el verano “y tras los buenos resultados alcanzados en años anteriores”, los agentes llevarán a cabo vigilancias periódicas en hoteles y lugares de interés turístico para evitar estas prácticas. Se prestará especial atención a las posibles irregularidades en las contrataciones del servicio de los VTC y a los piratas, particulares que realizan su actividad sin ningún tipo de autorización administrativa.

 

Para ello colaborarán con la Guardia Civil, tal y como informó el delegado municipal de Transportes, Circulación y Seguridad Ciudadana, Félix Romero. Además de establecerse controles de la Policía Local en los principales establecimientos hoteleros, en las diferentes zonas de ocio y en las distintas vías de la ciudad, dos patrullas se encargarán de realizar labores de inspección en Marbella y San Pedro de Alcántara y se dará prioridad a las llamadas que realicen los propios taxistas personalmente o a través de la central de radio-taxi, alertando de posibles servicios ilegales.

 

Sin embargo, pese al esfuerzo e interés del consistorio marbellí, Romero ha recordado a los taxistas cuáles son los ámbitos competenciales en esta materia, correspondiendo a la Junta de Andalucía las potestades sancionadoras, “por lo que el Ayuntamiento no puede asumir las mismas”.

 

Inspecciones y sanciones

Respecto a las sanciones, desde la Junta de Andalucía aseguran haber duplicado en lo que llevamos de año el número de expedientes. La información, que publica el periódico digital elalmeria.es, asegura que en menos de un año se han recabado 40.000 euros en multas que corresponderían a 10 expedientes, algunos de ellos reincidentes. En 2013 sólo se tramitaron 5, de los cuales dos están en fase de resolución y los otros tres en vía de apremio (ejecutiva) por un importe de 4.601 euros cada uno. Por localidades, la mayoría de denuncias provienen de Almería, Roquetas de Mar, Níjar, La Mojonera, Vícar y El Ejido.

 

 

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