La Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid ha contestado a la Asociación Plataforma Caracol sobre su deseo de conocer el estado de tramitación de las denuncias presentadas por la agrupación de taxistas por el uso indebido del carril bus-taxi a cargo de vehículos de transporte con conductor (VTC).
En una carta firmada por la directora Marta Anchuelo, rechaza la petición de los taxistas y indica que la plataforma carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se puede iniciar la presentación de estas denuncias. “Ni la normativa que regula el Derecho administrativo sancionador, en general, ni la que regula el procedimiento sancionador de tráfico en particular le reconocen esa condición”, asegura en una carta a la que ha tenido acceso este medio.
No solo les niega la condición de interesados en el proceso, sino que además el Ayuntamiento recuerda que, en virtud de jurisprudencia del Tribunal Supremo, el poder punitivo únicamente corresponde a la administración que es “la única que tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en el que el infractor sea sancionado”.
El Ayuntamiento niega que los taxistas sean "parte interesada" en el procedimiento
Esto, que parece resultar una obviedad, ha sido utilizado por la administración como justificante para negar la información demandada por los taxistas. Además, insistiendo en su postura, la directora niega que ni la plataforma ni su presidente, Ignacio Castillo, tengan la condición de parte interesada en los procedimientos sancionadores a VTC. Por este motivo, “no es posible informarle sobre el estado de tramitación en que se encuentran” las denuncias sobre conductores de VTC.
La posición del Consistorio no se queda ahí. Yendo más allá, la directora insiste en que las denuncias como las que presentó la Plataforma Caracol deben cumplir exigencias legales que, según deslizan en la misiva, no respeta la organización de taxistas. Justifican que no cumplen las exigencias legales porque estos taxistas manifiestan “un interés en que el denunciado sea sancionado” al representar las VTC “una actividad que le hace competencia”. Por ese motivo indican que las denuncias quedan exentas de responsabilidad para ser tramitada.
Desde la Dirección General continúa su carta insistiendo en los requisitos que deben cumplir las denuncias voluntarias y responden que desde la Subdirección General de Gestión de Multas de Circulación cuentan con ejemplos de denuncias presentadas por la plataforma con irregularidades.
No obstante, aunque no quieran informar de la tramitación de las denuncias, desde el Ayuntamiento aseguran que “todas las denuncias se han analizado”. En cuanto a las denuncias pendientes y en cuanto a la posibilidad de adoptar medidas inmediatas para sancionar posibles infracciones, recuerdan que se analizan aquellas denuncias que cumplen con los requisitos previstos y que nunca “se ha paralizado la tramitación de las denuncias voluntarias”.
Contestación de la plataforma
La contestación a este escrito no se ha hecho esperar por parte de la plataforma, y consideran que el Ayuntamiento con esta carta les viene a dar la razón en que no se están tramitando las muchas denuncias presentadas por los taxistas contra conductores de VTC que hacen un uso indebido ocupando el carril bus-taxi.
En primer lugar, sostienen en cuanto a la justificación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dada por el Ayuntamiento, que el hecho de que un denunciante quiera o no que alguien sea sancionado, no implica que no pueda presentar la denuncia. La denuncia se presenta y es la administración la que debe determinar si una infracción es sancionable o no. Sostienen desde la plataforma que las denuncias son infracciones reales. Los taxistas no pueden exigir la sanción, pero sí pueden exigir que se investigue y se actúe correctamente.
Por ese motivo sostienen que el argumento dado por el Ayuntamiento “es un sinsentido totalmente ilógico”. “Si se aceptara su interpretación, significaría que cualquier infracción cometida contra un competidor o contra una persona con la que se tenga un conflicto quedaría impune”.
Recuerdan que la administración sigue estando obligada a actuar porque tiene el deber de investigar y sancionar si hay infracción independientemente de quién presente la denuncia. Además, insiste la Plataforma Caracol en que el Reglamento General de Circulación establece que cualquier persona puede poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de infracciones de tráfico.
"No han gestionado ni revisado miles de denuncias"
Además, en cuanto a la decisión de negarse a proporcionar a los taxistas información sobre el estado de las denuncias, consideran desde la Plataforma que es una decisión “arbitraria” porque los taxistas, sí tienen interés legítimo en que se cumpla la normativa de tráfico y transporte, sí tienen derecho a la información pública e insisten en que ya se han tramitado anteriormente denuncias desde la agrupación de taxistas, lo que demuestra que sí que se pudo hacer anteriormente.
En conclusión, la Plataforma indica que con este escrito el Ayuntamiento no hace más que reconocer mediante excusas que no han tramitado las denuncias interpuestas por los taxistas. “Queda en evidencia que ni siquiera saben de qué les estamos hablando”, denuncian. “No han gestionado ni revisado miles de denuncias legítimamente presentadas, evidenciando así una total inacción administrativa”, lamentan./TAMBIÉN ES NOTICIA
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