UGT Córdoba pide modificar la ordenanza del taxi

El sindicato UGT en Córdoba pide la modificación de ordenanza municipal del taxi aprobada en el pasado 12 de mayo, por considerar que “está en contra de los usuarios, los propios taxistas y los empleados autónomos del taxi”. 

La Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo del sindicato se une así a las quejas de otros colectivos como CCOO, Facua, la Unión de Consumidores, Taxi Mezquita, E-Taxi, el Consejo Social de la ciudad y los partidos políticos PSOE e IU, que ya presentaron alegaciones durante la tramitación de la nueva normativa.

 

UGT critica que la normativa se haya aprobado sin ningún consenso y de forma urgente, “beneficiando sólo a la asociación mayoritaria del sector, la única con la que el Ayuntamiento se ha reunido. También denunció que “durante dos años el Ayuntamiento ha evitado reunirse con todos los colectivos que se manifiestan en contra de la ordenanza, con quienes se ha comunicado exclusivamente por escrito”.

 

Tras estudiar el nuevo texto, el sindicato solicitó que el Consistorio “analice de forma seria qué papel deben desempeñar los taxis en la ciudad” y le insta a que “inicie una modificación de la ordenanza conforme a los intereses generales de los cordobeses”.

 

Respecto al usuario, UGT indicó que la ordenanza “castiga” a los que viven en barrios que no son céntricos con la bajada de bandera ya que al llegar el taxi al lugar indicado el taxímetro puede doblar la tarifa mínima. 

 

Respecto al titular de la licencia de taxi para UGT  resulta evidente su “pérdida total de la gestión empresarial” al dejar de ser “dueño de su explotación e inversión, ya que todo depende de inspecciones y autorizaciones del Ayuntamiento, que establece un código de sanciones propio de otros tiempos”. Con esto, los autónomos pierden la posibilidad de “velar por la rentabilidad de su trabajo”.

 

También señalan desde el sindicao que la ordenanza no obliga al taxista a dar el recibo de la carrera si el cliente lo solicitase, “cuando es el único elemento que podría utilizarse en una posible reclamación”.

 

En lo referente a los aslariados, el sindicato resaltó que “toda la ordenanza supone poner trabas a la contratación” de asalariados, que además “quedarían sin derechos y sometidos no ya al empleador, sino al Ayuntamiento, que es quien decide si trabaja o no”.